El Colegio de Abogados de Puerto Rico no pertenece a la Legislatura, ni exclusivamente a los abogados.

Los puertorriqueños que hoy somos abuelos, nos educamos sobre los derechos civiles eminentemente gracias al Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Es algo que la Legislatura no debe olvidar: sobre “el Colegio” no tienen injerencia exclusiva los juristas — es una institución que por su trayectoria de servicio a la defensa de la libertad, de la justicia y de los valores culturales más preciados en este país, llegó a convertirse en estandarte de los derechos de toda la ciudadanía.

Hoy que vuelven a surgir los dimes y diretes político-partidistas en torno a la colegiación, es preciso que los ciudadanos que no somos juristas hagamos saber las razones de nuestra decidida defensa de la integridad de esta institución que nos ha servido de manera ejemplar desde 1840. Y hagamos saber a la representante Liza Fernández, gestora del proyecto PC 152 para eliminar la colegiación obligatoria, que su propuesta y sus asertos detractores sobre la trayectoria del Colegio constituyen una ofensa al pueblo que se ve humillado por tan absoluta falta de conciencia, por tal ostentación de ignorancia y banalidad.

Son muchísimas las razones que tenemos para respetar y admirar los aportes del Colegio, e incontables los ejemplos que ilustran su importancia trascendental, pero baste destacar dos que – si no existieran otros – serían suficientemente descriptivos de la extraordinaria función social que le ha distinguido:

— En marzo de 1984 el Colegio de Abogados hizo público un Informe en el que recomendó la desmilitarización de la Policía de Puerto Rico, la que por mandato de ley debe ser un cuerpo civil, indicando que no reflejaba lealtad alguna a ese ideal en su "conducta, organización y carácter”. Justamente el mes anterior, el 7 de febrero, un Gran Jurado federal sometió 53 cargos de perjurio y conspiración contra diez criminales disfrazados de policías que asesinaron a los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví en el Cerro Maravilla.

— En 1985 el Colegio de Abogados hizo público su estudio del uso de la base naval Roosevelt Roads como cuartel general alterno para 31 submarinos portadores de misiles nucleares. Como resultado de su investigación, el Colegio denunció que Roosevelt Roads, Vieques y todo su espacio marítimo y aéreo eran escenario de ensayos de equipo y técnicas militares estratégico-nucleares y que en nuestro litoral era casi constante la presencia de barcos y submarinos con armas nucleares. El informe destacó que tales prácticas violaban el Tratado de Tlatelolco — donde quedaban prohibidos la presencia y el almacenamiento de armas nucleares — firmado en México en 1967 por 20 naciones del Hemisferio y ratificado en 1981 por EE.UU.

Ese par de memorias debe bastar para explicar por qué aprendimos a confiar en las opiniones vertidas por el Colegio de Abogados — y por qué perdió hasta el apellido, convirtiéndose “El Colegio” en código del poder del pueblo y referente casi obligado sobre todos los asuntos de capital importancia para el país.

Cuando una institución llega a merecer tal grado de confianza de la nación en su conjunto, pasa a representar mucho más que los objetivos que motivaron su creación. Llega a convertirse en baluarte que el pueblo defenderá con el mismo grado de intensidad en el que se sintió y se supo por él defendido. Recuérdelo bien la Cámara de Representantes cuando delibere sobre el PC 152.

¡Caramba! Mal servicio le hace a su causa la anexionista licenciada Fernández. No reconoce para Puerto Rico lo que es válido para 34 estados EE.UU., el D.C., Guam, Islas Vírgenes y las Marianas. Confiamos en que la mayor parte de sus correligionarios sabrán comportarse como gente grande.